Con 255 toneladas certificadas en 2025, la provincia se posiciona como referente nacional en miel orgánica y se consolida como un emblema del potencial productivo entrerriano siendo una oportunidad concreta de desarrollo con valor agregado.

Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 10.000 apiarios, alrededor de 700.000 colmenas y más de 2.300 productores, consolidándose como el segundo polo apícola del país. En el segmento orgánico, más de 4.500 colmenas se encuentran certificadas, con una fuerte concentración en los humedales del Delta, lo cual nos posiciona con un potencial para el crecimiento de esta producción diferenciada.

La apicultura entrerriana reafirma su liderazgo en la producción de miel orgánica a nivel nacional, tras alcanzar en 2025 un total de 255 toneladas certificadas bajo estándares internacionales. Este volumen representa una porción significativa de las 611 toneladas exportadas por Argentina, consolidando a la provincia como el principal polo en este segmento de alto valor agregado. El diferencial competitivo de la miel entrerriana radica en las condiciones naturales de los humedales del Delta, que permiten desarrollar sistemas productivos libres de insumos químicos sintéticos.

Los principales destinos de exportación de la miel orgánica entrerriana son países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Países Bajos, España y Dinamarca, mercados que demandan altos estándares de calidad y trazabilidad. 

La ley provincial de apicultura Nº 7.435, que data de 1984, en su artículo 5º instituye el 5 de junio como el Día de la Apicultura Entrerriana.

La apicultura es una actividad productiva que posee más de un siglo y medio de presencia en nuestra provincia, siendo una de las economías regionales con mayor inclusión y distribución territorial. Genera empleo directo e indirecto a más de 10 mil familias entrerrianas.

“Nuestra ciudad ya hace su esfuerzo: exigimos que Nación y Provincia también lo hagan”

El Concejal Juan Martín Garay, manifestó su adhesión al reclamo de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV), que exige a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, la urgente regularización de los fondos adeudados.

UN CONTRASENTIDO QUE NO PUEDE OCULTARSE
“En Concepción del Uruguay existe una realidad que pocos conocen y que merece ser destacada”, señaló Garay. “Por Ordenanza municipal, se creó el Fondo Único y Especial para la Asociación de Bomberos Voluntarios, financiado con recursos que los propios contribuyentes aportan a través de la Tasa del Servicio de Obras Sanitarias Municipal. Es decir: los vecinos ya están haciendo un esfuerzo extra para sostener a sus bomberos.”

Sin embargo, el edil advirtió que ese esfuerzo local no puede ser utilizado como justificación para que otros niveles del Estado se desentiendan. “La Ley 25.054 es clara: existen recursos nacionales con destino específico para bomberos voluntarios. Que esos fondos no lleguen en tiempo y forma es una irresponsabilidad del gobierno nacional. No es admisible que los municipios debamos sostener solos un servicio que es responsabilidad compartida de todos los niveles del Estado.”

LA LÓGICA DE MUNICIPALIZAR LA CRISIS
El concejal vinculó esta situación con un fenómeno más amplio que viene denunciando desde su bloque. “Asistimos a una estrategia sistemática de municipalización de la crisis. La Nación concentra recursos y no coparticipa. La Provincia anuncia alivio fiscal pero aplica aumentos reales. Y ahora, los fondos para bomberos no llegan. Siempre la misma mecánica: el esfuerzo se exige localmente, pero los recursos se concentran en los niveles superiores.”

“Nuestra ciudad ya demostró su compromiso con los bomberos voluntarios mediante un fondo específico con recursos propios. Pero ese fondo no puede reemplazar lo que la Nación y la Provincia están obligadas a enviar. No es justo que el vecino de Concepción del Uruguay pague dos veces: una a través de su tasa municipal y otra a través de impuestos nacionales y provinciales que nunca llegan a destino.”

UNA EXIGENCIA CONCRETA
Garay formuló un pedido claro: “Me sumo a la exigencia de los Bomberos Voluntarios a la ministra Monteoliva y al gobierno nacional que regularicen de inmediato el envío de los fondos adeudados a la FEABV. También al gobierno provincial que informe si ha cumplido con sus propias obligaciones en la materia. Los bomberos voluntarios no pueden seguir siendo rehenes de la pelea fiscal entre niveles del Estado.”

“La solidaridad de los bomberos hacia la comunidad es incondicional. La del Estado nacional hacia los bomberos no puede ser condicional. Nuestra ciudad ya puso su parte. Ahora faltan Nación y Provincia”. «Acompañemos todos a la FEABV y a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay. Ellos siempre están con la comunidad, estemos nosotros con ellos también».

Texto del Dr Juan Martín Garay (Abogado y Concejal de Concepción del Uruguay)

Los jubilados autoconvocados de Entre Rios hacemos pública nuestra profunda preocupación ,nuestro rechazo y nuestro estado de alerta ante cualquier intento de avanzar sobre el sistema previsional provincial mediante reformas que ,lejos de resolver los problemas de fondo, terminan trasladando el ajuste a quienes ya han trabajado y aportado durante toda una vida.

Queremos decirlo con claridad: la jubilación no es un privilegio ,ni una concesión graciable del poder político. La jubilación es un derecho. Es salario diferido. Es el resultado de años de trabajo, de aportes obligatorios y de una expectativa legítima de retiro digno , protegida por principios constitucionales y por el sentido mismo de justicia social. Por eso rechazamos toda modificación de la Ley de jubilaciones y Pensiones de Entre Rios que implique ,de manera directa o encubierta, un retroceso sobre derechos adquiridos, una afectación del haber previsional, una alteración del principio de movilidad, un debilitamiento del 82% móvil, un aumento de los aportes de los jubilados o cualquier mecanismo que reduzca en los hechos la calidad de vida de quienes dependen de su jubilación para subsistir.

Advertimos además que, dentro del universo de jubilados provinciales, el jubilado docente puede resultar especialmente perjudicado por esta reforma ,debido a las características propias del régimen ,de su carrera laboral y de la composición de sus haberes. En el caso docente, toda alteración regresiva del sistema impacta con mayor dureza, porque se trata de un sector históricamente afectado por distorsiones salariales, sumas no remunerativas, desfasajes entre activos y pasivos y mecanismos que terminan debilitando el haber jubilatorio en relación con el salario del trabajador en actividad.

Por eso sostenemos que cualquier modificación que no contemple esta realidad profundizará aún más la inequidad y el perjuicio sobre los jubilados docentes.

También denunciamos una práctica que ha perjudicado gravemente a miles de jubilados: el pago de sumas no remunerativas y no bonificables a los trabajadores en actividad. Esos pagos “en negro”, aunque se los quiera disfrazar de solución salarial, lesionan el sistema previsional, perjudican al trabajador activo y excluyen al jubilado, que queda marginado de toda mejora real. No solo debilitan la caja previsional al afectar los aportes, sino que además consolidan una profunda injusticia entre activos y pasivos. No aceptamos que se pretenda responsabilizar a los jubilados por los desequilibrios del sistema cuando existen decisiones políticas, privilegios, errores de administración, falta de controles y manejos del Estado que deben ser revisados con seriedad.

No es legítimo ni moral que los sectores más vulnerables sean nuevamente convertidos en la variable de ajuste. Nos preocupa especialmente que se intente instalar la idea de que no hay alternativa, de que el recorte es inevitable o de que la única salida es sacrificar derechos. Esa mirada desconoce que el verdadero debate debe ser más amplio, más honesto y más democrático.

Si se quiere discutir el sistema previsional, debe hacerse con información pública completa, con participación de los sectores involucrados, con estudios actuariales serios, con control ciudadano y con absoluto respeto por la Constitución y por los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales.

Los jubilados de Entre Ríos no podemos quedar a merced de reformas ambiguas, de interpretaciones futuras ni de decisiones coyunturales adoptadas sin consenso. Necesitamos una ley clara, protectora, estable y justa, que garantice haberes dignos, preserve la proporcionalidad con el salario del trabajador en actividad y respete integralmente los derechos previsionales ya consolidados.

Por eso reclamamos:

1. El pleno respeto a los derechos adquiridos de jubilados y pensionados de la provincia.

2. La defensa efectiva del carácter sustitutivo del haber jubilatorio y del principio del 82% móvil.

3. El rechazo a toda reforma que implique recortes, confiscación indirecta, aumento de aportes o pérdida del poder adquisitivo.

4. El cese de las sumas no remunerativas y no bonificables que perjudican a trabajadores activos, jubilados y al propio sistema previsional.

5. El reconocimiento de que los jubilados docentes pueden sufrir un perjuicio aún mayor dentro de esta reforma, y la exclusión de toda medida que profundice esa desigualdad.

6. La apertura de un debate serio, público y participativo, con acceso a la información real del sistema.

7. La revisión de los verdaderos factores que afectan la sustentabilidad de la Caja, sin descargar el costo sobre quienes ya cumplieron con el Estado.

8. El compromiso de los legisladores provinciales de no votar ninguna norma que signifique un retroceso en materia jubilatoria.

Llamamos también a la sociedad entrerriana a comprender que esta no es una lucha aislada ni sectorial.

Cuando se debilita el sistema previsional, no solo se perjudica a los jubilados de hoy: también se pone en riesgo el futuro de los trabajadores activos, porque se rompe la confianza en que el esfuerzo, los aportes y la trayectoria laboral serán respetados mañana. Defender a los jubilados es defender la dignidad del trabajo. Es defender la seguridad jurídica. Es defender el valor de la palabra del Estado. Es defender una provincia que no abandone a quienes construyeron con su esfuerzo la educación, la administración pública, la salud, la producción y la vida institucional de Entre Ríos.

Los Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos reafirmamos nuestra decisión de seguir organizados, informando, reclamando y defendiendo nuestros derechos en todos los planos necesarios: social, institucional, legislativo y judicial.

No pedimos privilegios. Exigimos respeto. No aceptamos ajustes sobre nuestros haberes. No aceptamos pagos en negro que destruyen el salario y la jubilación. No aceptamos reformas hechas de espaldas al pueblo. Porque una provincia justa no se construye recortando derechos a sus jubilados.

JUBILADOS AUTOCONVOCADOS DE ENTRE RÍOS. Acompañan más de un millar de firmas.