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CARTA ABIERTA A LA SOCIEDAD ENTRERRIANA, A LOS LEGISLADORES Y AL GOBIERNO PROVINCIAL

Los jubilados autoconvocados de Entre Rios hacemos pública nuestra profunda preocupación ,nuestro rechazo y nuestro estado de alerta ante cualquier intento de avanzar sobre el sistema previsional provincial mediante reformas que ,lejos de resolver los problemas de fondo, terminan trasladando el ajuste a quienes ya han trabajado y aportado durante toda una vida.
Queremos decirlo con claridad: la jubilación no es un privilegio ,ni una concesión graciable del poder político. La jubilación es un derecho. Es salario diferido. Es el resultado de años de trabajo, de aportes obligatorios y de una expectativa legítima de retiro digno , protegida por principios constitucionales y por el sentido mismo de justicia social. Por eso rechazamos toda modificación de la Ley de jubilaciones y Pensiones de Entre Rios que implique ,de manera directa o encubierta, un retroceso sobre derechos adquiridos, una afectación del haber previsional, una alteración del principio de movilidad, un debilitamiento del 82% móvil, un aumento de los aportes de los jubilados o cualquier mecanismo que reduzca en los hechos la calidad de vida de quienes dependen de su jubilación para subsistir.

Advertimos además que, dentro del universo de jubilados provinciales, el jubilado docente puede resultar especialmente perjudicado por esta reforma ,debido a las características propias del régimen ,de su carrera laboral y de la composición de sus haberes. En el caso docente, toda alteración regresiva del sistema impacta con mayor dureza, porque se trata de un sector históricamente afectado por distorsiones salariales, sumas no remunerativas, desfasajes entre activos y pasivos y mecanismos que terminan debilitando el haber jubilatorio en relación con el salario del trabajador en actividad.
Por eso sostenemos que cualquier modificación que no contemple esta realidad profundizará aún más la inequidad y el perjuicio sobre los jubilados docentes.
También denunciamos una práctica que ha perjudicado gravemente a miles de jubilados: el pago de sumas no remunerativas y no bonificables a los trabajadores en actividad. Esos pagos “en negro”, aunque se los quiera disfrazar de solución salarial, lesionan el sistema previsional, perjudican al trabajador activo y excluyen al jubilado, que queda marginado de toda mejora real. No solo debilitan la caja previsional al afectar los aportes, sino que además consolidan una profunda injusticia entre activos y pasivos. No aceptamos que se pretenda responsabilizar a los jubilados por los desequilibrios del sistema cuando existen decisiones políticas, privilegios, errores de administración, falta de controles y manejos del Estado que deben ser revisados con seriedad.
No es legítimo ni moral que los sectores más vulnerables sean nuevamente convertidos en la variable de ajuste. Nos preocupa especialmente que se intente instalar la idea de que no hay alternativa, de que el recorte es inevitable o de que la única salida es sacrificar derechos. Esa mirada desconoce que el verdadero debate debe ser más amplio, más honesto y más democrático.
Si se quiere discutir el sistema previsional, debe hacerse con información pública completa, con participación de los sectores involucrados, con estudios actuariales serios, con control ciudadano y con absoluto respeto por la Constitución y por los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales.
Los jubilados de Entre Ríos no podemos quedar a merced de reformas ambiguas, de interpretaciones futuras ni de decisiones coyunturales adoptadas sin consenso. Necesitamos una ley clara, protectora, estable y justa, que garantice haberes dignos, preserve la proporcionalidad con el salario del trabajador en actividad y respete integralmente los derechos previsionales ya consolidados.
Por eso reclamamos:
1. El pleno respeto a los derechos adquiridos de jubilados y pensionados de la provincia.
2. La defensa efectiva del carácter sustitutivo del haber jubilatorio y del principio del 82% móvil.
3. El rechazo a toda reforma que implique recortes, confiscación indirecta, aumento de aportes o pérdida del poder adquisitivo.
4. El cese de las sumas no remunerativas y no bonificables que perjudican a trabajadores activos, jubilados y al propio sistema previsional.
5. El reconocimiento de que los jubilados docentes pueden sufrir un perjuicio aún mayor dentro de esta reforma, y la exclusión de toda medida que profundice esa desigualdad.
6. La apertura de un debate serio, público y participativo, con acceso a la información real del sistema.
7. La revisión de los verdaderos factores que afectan la sustentabilidad de la Caja, sin descargar el costo sobre quienes ya cumplieron con el Estado.
8. El compromiso de los legisladores provinciales de no votar ninguna norma que signifique un retroceso en materia jubilatoria.
Llamamos también a la sociedad entrerriana a comprender que esta no es una lucha aislada ni sectorial.
Cuando se debilita el sistema previsional, no solo se perjudica a los jubilados de hoy: también se pone en riesgo el futuro de los trabajadores activos, porque se rompe la confianza en que el esfuerzo, los aportes y la trayectoria laboral serán respetados mañana. Defender a los jubilados es defender la dignidad del trabajo. Es defender la seguridad jurídica. Es defender el valor de la palabra del Estado. Es defender una provincia que no abandone a quienes construyeron con su esfuerzo la educación, la administración pública, la salud, la producción y la vida institucional de Entre Ríos.
Los Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos reafirmamos nuestra decisión de seguir organizados, informando, reclamando y defendiendo nuestros derechos en todos los planos necesarios: social, institucional, legislativo y judicial.
No pedimos privilegios. Exigimos respeto. No aceptamos ajustes sobre nuestros haberes. No aceptamos pagos en negro que destruyen el salario y la jubilación. No aceptamos reformas hechas de espaldas al pueblo. Porque una provincia justa no se construye recortando derechos a sus jubilados.
JUBILADOS AUTOCONVOCADOS DE ENTRE RÍOS. Acompañan más de un millar de firmas.
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LAS P.A.S.O. SON PARA LA DEMOCRACIA, NO PARA LOS DIRIGENTES

El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, dice ser partidario de las PASO y reconoce: “Nosotros, como gobierno, somos un producto de las PASO”. Pero inmediatamente después pone una condición: que no sean utilizadas para “resolver los problemas de los dirigentes”.
En esto último coincidimos. Pero con una precisión: hay que resolver los problemas políticos de la política y no los problemas políticos de los políticos. Nosotros también somos resultado de las PASO, porque siempre hemos participado de internas. Y sabemos que cuando la política no logra construir un acuerdo, son los ciudadanos quienes deben tener la posibilidad de decidir.

Las PASO no fueron creadas para resolver problemas personales de los dirigentes. Fueron creadas para que la ciudadanía pueda elegir entre distintas alternativas y ordenar democráticamente la representación política.
Por eso, las diferencias no desaparecen porque se suspendan las PASO. Si hay dos candidatos, seguirán existiendo dos candidatos. Si hay tres sectores con posiciones diferentes, seguirán existiendo esas diferencias. La pregunta es quién resuelve ese desacuerdo: ¿los dirigentes o la ciudadanía?
SI NO DECIDE LA GENTE, DECIDIRÁ ALGUIEN
Si se eliminan las PASO, alguien tendrá que definir las candidaturas. Y si no lo hacen los ciudadanos mediante el voto, las definiciones quedarán en manos de quienes tengan capacidad para sentarse a negociar.
Eso no elimina la política. Elimina la posibilidad de que la ciudadanía participe de una parte de ella. Las PASO no obligan a competir. Si los dirigentes alcanzan un acuerdo, habrá una candidatura común. Pero cuando el acuerdo no existe, ofrecen una salida democrática: competir, elegir y ordenar.
Troncoso también habla de “estrechez económica” y de “hartazgo de la ciudadanía hacia la política”. Es cierto que hay hartazgo. Pero la respuesta al hartazgo no puede ser darle menos participación a la ciudadanía. Y tampoco podemos reducir una discusión institucional de esta importancia a cuánto cuesta una elección. Si las PASO deben reformarse, reformémoslas. Si pueden hacerse más eficientes, discutámoslo. Pero no confundamos el costo de la democracia con el costo de la política.
Porque cuando la política se reduce a la búsqueda personal o sectorial de poder, pierde su sentido. Y cuando los dirigentes discuten las reglas democráticas pensando más en sus propias conveniencias que en las necesidades de la sociedad, el problema ya no son las PASO. El problema es la política.
La política tiene que ordenar sus espacios, construir mayorías, encontrar liderazgos y producir acuerdos. Pero no puede hacerlo a costa de quitarle a la ciudadanía la posibilidad de intervenir.
La gente dijo basta frente a una política encerrada sobre sí misma. La respuesta no puede ser cerrar todavía más la política. Tiene que ser abrirla. Por eso, la frase de Troncoso puede ser compartida, pero con una precisión fundamental:
Las PASO no tienen que resolver los problemas políticos de los políticos. Tienen que resolver, democráticamente, los problemas políticos de la política. Porque las PASO no son de los dirigentes. Son de la ciudadanía.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
Concepción del Uruguay
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DIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El 2 de septiembre se conmemora en el país el Día de la Industria a pesar de que la «primera exportación argentina» encubre un acto de contrabando y comercio ilegal. Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587, zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio, rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina, producidos en Santiago del Estero. Pero en su interior, camufladas, según denunció el gobernador del Tucumán Ramírez de Velasco, también cargaba barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula.
El desarrollo industrial en estos territorios tardaría siglos en llegar. Recién hacia fines del siglo XVIII arribaron a Buenos Aires las primeras manufacturas inglesas, pero la masiva penetración de bienes importados imposibilitó el desarrollo industrial, que debió esperar largamente hasta entrado el siglo XX. El debate entre librecambistas y proteccionistas se extendió largamente durante los siglos XIX, XX y continúa en nuestros días.

Fuente: Sesión del congreso Nacional del 18/9/1875. Cámara de Diputados, págs. 1123-1124.

«El libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido ciegamente teorías sostenidas en otras partes no se han apercibido que apoyaban intereses contrarios a los suyos. Cuando esta cuestión se discutía en el Parlamento inglés, uno de los ilustrados defensores del libre cambio decía que él quería hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y de la América, la granja de la Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran parte se ha realizado porque en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo, si no ponemos remedio al mal, la granja de las grandes naciones manufactureras (…) Yo pregunto, Sr. Presidente, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo. Sólo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas nieguen riego a nuestros campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto.»
Carlos Pellegrini.
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DIA DE LA ANCIANIDAD

En Argentina se celebra el 28 de agosto en conmemoración a la proclama de los DERECHOS DE LA ANCIANIDAD, impulsados por la primera dama Eva Perón hace más de medio siglo
Argentina se convirtió en pionera en la incorporación de derechos específicos para los adultos mayores en su legislación. Estos derechos fueron añadidos a la Constitución de 1949 y ratificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre de 1948.
Cuáles son los derechos de la ancianidad
- Derecho a la asistencia: todo anciano tiene derecho a su protección integral por parte de su familia. En caso de desamparo, le corresponde al Estado proveer dicha protección, ya sea de manera directa o a través de instituciones o fundaciones creadas con ese fin.
- Derecho a la vivienda: el derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana y debe ser garantizado.
- Derecho a la alimentación: la alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada persona debe ser contemplada de manera particular para garantizar la salud de los adultos mayores.
- Derecho al vestido: el vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho a la alimentación, asegurando el bienestar integral de las personas mayores.
- Derecho al cuidado de la salud física: el cuidado de la salud física de los mayores debe ser una preocupación especial y permanente para garantizar su bienestar.
- Derecho al cuidado de la salud moral: debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales y emocionales, en concordancia con la moral y el culto de cada individuo.
- Derecho al esparcimiento: las personas mayores tienen el derecho a gozar de un mínimo de entretenimientos que les permitan sobrellevar con satisfacción sus horas de espera y garantizar una vida plena.
- Derecho al trabajo: cuando el estado y las condiciones de salud lo permitan, se debe facilitar la ocupación por medio de la labor terapia productiva para evitar la disminución de la personalidad.
- Derecho a la tranquilidad: gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en los últimos años de vida, es un derecho esencial para los ancianos.
- Derecho al respeto: la ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes, garantizando su dignidad en todo momento.


Sin embargo la realidad es que en las últimas décadas los fondos aportados por los otrora trabajadores activos hoy jubilados fueron derivados a otros destinos. Esta sucesión de decisiones generó los clásicos miércoles de protestas de jubilados frente al Congreso de la Nación, donde el aparato represor del Estado ha demostrado estar activo y pronto para avanzar con crueldad sobre los ancianos en protesta por sus derechos.

La situación socioeconómica de los adultos mayores en Argentina alcanzó su punto más crítico en casi una década. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado en conjunto con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG), el 46% de los hogares con personas mayores de 60 años no alcanza a cubrir sus gastos mensuales.
Para lamento de todos, los sucesivos gobiernos han visto la jubilación como una dádiva y no como una recompensa para quienes se esforzaron durante toda su vida
La pregunta del millón, entonces, es ¿cómo despertar la confianza en los jóvenes de hoy? ¿Con qué estímulos van a aportar si la Anses sigue siendo una caja negra que los políticos usan y abusan a su antojo? Se impone un cambio de paradigma en el que la transparencia y la igualdad derroten por fin al saqueo y la corrupción.

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