Los jubilados autoconvocados de Entre Rios hacemos pública nuestra profunda preocupación ,nuestro rechazo y nuestro estado de alerta ante cualquier intento de avanzar sobre el sistema previsional provincial mediante reformas que ,lejos de resolver los problemas de fondo, terminan trasladando el ajuste a quienes ya han trabajado y aportado durante toda una vida.

Queremos decirlo con claridad: la jubilación no es un privilegio ,ni una concesión graciable del poder político. La jubilación es un derecho. Es salario diferido. Es el resultado de años de trabajo, de aportes obligatorios y de una expectativa legítima de retiro digno , protegida por principios constitucionales y por el sentido mismo de justicia social. Por eso rechazamos toda modificación de la Ley de jubilaciones y Pensiones de Entre Rios que implique ,de manera directa o encubierta, un retroceso sobre derechos adquiridos, una afectación del haber previsional, una alteración del principio de movilidad, un debilitamiento del 82% móvil, un aumento de los aportes de los jubilados o cualquier mecanismo que reduzca en los hechos la calidad de vida de quienes dependen de su jubilación para subsistir.

Advertimos además que, dentro del universo de jubilados provinciales, el jubilado docente puede resultar especialmente perjudicado por esta reforma ,debido a las características propias del régimen ,de su carrera laboral y de la composición de sus haberes. En el caso docente, toda alteración regresiva del sistema impacta con mayor dureza, porque se trata de un sector históricamente afectado por distorsiones salariales, sumas no remunerativas, desfasajes entre activos y pasivos y mecanismos que terminan debilitando el haber jubilatorio en relación con el salario del trabajador en actividad.

Por eso sostenemos que cualquier modificación que no contemple esta realidad profundizará aún más la inequidad y el perjuicio sobre los jubilados docentes.

También denunciamos una práctica que ha perjudicado gravemente a miles de jubilados: el pago de sumas no remunerativas y no bonificables a los trabajadores en actividad. Esos pagos “en negro”, aunque se los quiera disfrazar de solución salarial, lesionan el sistema previsional, perjudican al trabajador activo y excluyen al jubilado, que queda marginado de toda mejora real. No solo debilitan la caja previsional al afectar los aportes, sino que además consolidan una profunda injusticia entre activos y pasivos. No aceptamos que se pretenda responsabilizar a los jubilados por los desequilibrios del sistema cuando existen decisiones políticas, privilegios, errores de administración, falta de controles y manejos del Estado que deben ser revisados con seriedad.

No es legítimo ni moral que los sectores más vulnerables sean nuevamente convertidos en la variable de ajuste. Nos preocupa especialmente que se intente instalar la idea de que no hay alternativa, de que el recorte es inevitable o de que la única salida es sacrificar derechos. Esa mirada desconoce que el verdadero debate debe ser más amplio, más honesto y más democrático.

Si se quiere discutir el sistema previsional, debe hacerse con información pública completa, con participación de los sectores involucrados, con estudios actuariales serios, con control ciudadano y con absoluto respeto por la Constitución y por los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales.

Los jubilados de Entre Ríos no podemos quedar a merced de reformas ambiguas, de interpretaciones futuras ni de decisiones coyunturales adoptadas sin consenso. Necesitamos una ley clara, protectora, estable y justa, que garantice haberes dignos, preserve la proporcionalidad con el salario del trabajador en actividad y respete integralmente los derechos previsionales ya consolidados.

Por eso reclamamos:

1. El pleno respeto a los derechos adquiridos de jubilados y pensionados de la provincia.

2. La defensa efectiva del carácter sustitutivo del haber jubilatorio y del principio del 82% móvil.

3. El rechazo a toda reforma que implique recortes, confiscación indirecta, aumento de aportes o pérdida del poder adquisitivo.

4. El cese de las sumas no remunerativas y no bonificables que perjudican a trabajadores activos, jubilados y al propio sistema previsional.

5. El reconocimiento de que los jubilados docentes pueden sufrir un perjuicio aún mayor dentro de esta reforma, y la exclusión de toda medida que profundice esa desigualdad.

6. La apertura de un debate serio, público y participativo, con acceso a la información real del sistema.

7. La revisión de los verdaderos factores que afectan la sustentabilidad de la Caja, sin descargar el costo sobre quienes ya cumplieron con el Estado.

8. El compromiso de los legisladores provinciales de no votar ninguna norma que signifique un retroceso en materia jubilatoria.

Llamamos también a la sociedad entrerriana a comprender que esta no es una lucha aislada ni sectorial.

Cuando se debilita el sistema previsional, no solo se perjudica a los jubilados de hoy: también se pone en riesgo el futuro de los trabajadores activos, porque se rompe la confianza en que el esfuerzo, los aportes y la trayectoria laboral serán respetados mañana. Defender a los jubilados es defender la dignidad del trabajo. Es defender la seguridad jurídica. Es defender el valor de la palabra del Estado. Es defender una provincia que no abandone a quienes construyeron con su esfuerzo la educación, la administración pública, la salud, la producción y la vida institucional de Entre Ríos.

Los Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos reafirmamos nuestra decisión de seguir organizados, informando, reclamando y defendiendo nuestros derechos en todos los planos necesarios: social, institucional, legislativo y judicial.

No pedimos privilegios. Exigimos respeto. No aceptamos ajustes sobre nuestros haberes. No aceptamos pagos en negro que destruyen el salario y la jubilación. No aceptamos reformas hechas de espaldas al pueblo. Porque una provincia justa no se construye recortando derechos a sus jubilados.

JUBILADOS AUTOCONVOCADOS DE ENTRE RÍOS. Acompañan más de un millar de firmas.