En la mañana de este Jueves 26 de marzo de 2026, los Veteranos de Guerra “Guardianes de la Soberanía” con asiento en Concepción del Uruguay, fueron recibidos en su despacho por la Vice Gobernadora Dra. Alicia Aluani . 

En la ocasión se analizó el Expediente 28773 , proyecto de ley donde se solicita “reconocimiento moral e histórico con dignificación” para los soldados bajo bandera convocados y/o movilizados durante el conflicto bélico de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, entre el 02 de abril y el 14 de Junio de 1982, cumpliendo órdenes y misiones de guerra que les fueran asignadas como la custodia y vigilancia tanto de objetivos civiles como militares, en todo el territorio Nacional, proporcionando apoyo logístico, táctico y sanitario a las tropas que se encontraban en combate en la Islas Malvinas.

Los guardianes de la Soberanía, destacan la amable y cordial atención de la Dra. Aluani que comprendió el sentido del reclamo y se puso a disposición para que el proyecto tenga el final deseado que hace tantos años se viene reclamando sin resultados positivos.

Este colectivo de personas legítimamente jubiladas en acuerdo a las normativas vigentes, con derechos adquiridos se expresan ante la decisión del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, de avanzar sobre el sector pasivo provincial, refrendada por más de un millar de firmas provenientes de distintas ciudades de la Provincia.

«Los jubilados autoconvocados de Entre Rios hacemos pública nuestra profunda preocupación, nuestro rechazo y nuestro estado de alerta ante cualquier intento de avanzar sobre el sistema previsional provincial mediante reformas que ,lejos de resolver los problemas de fondo, terminan trasladando el ajuste a quienes ya han trabajado y aportado durante toda una vida.

Queremos decirlo con claridad: la jubilación no es un privilegio ,ni una concesión graciable del poder político. La jubilación es un derecho. Es salario diferido. Es el resultado de años de trabajo , de aportes obligatorios y de una expectativa legítima de retiro digno , protegida por principios constitucionales y por el sentido mismo de justicia social.

Por eso rechazamos toda modificación de la Ley de jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos que implique ,de manera directa o encubierta , un retroceso sobre derechos adquiridos ,una afectación del haber previsional ,una alteración del principio de movilidad, un debilitamiento del 82% móvil, un aumento de los aportes de los jubilados o cualquier mecanismo que reduzca en los hechos la calidad de vida de quienes dependen de su jubilación para subsistir.

Advertimos además que, dentro del universo de jubilados provinciales, el jubilado docente puede resultar especialmente perjudicado por esta reforma ,debido a las características propias del régimen ,de su carrera laboral y de la composición de sus haberes .En el caso docente , toda alteración regresiva del sistema impacta con mayor dureza ,porque se trata  de un sector históricamente afectado por distorsiones salariales ,sumas no remunerativas ,desfasajes entre activos y pasivos y mecanismos que terminan debilitando el haber jubilatorio en relación con el salario del trabajador en actividad. Por eso sostenemos que cualquier modificación que no contemple esta realidad profundizará aún más la inequidad y el perjuicio sobre los jubilados docentes.

También denunciamos una práctica que ha perjudicado gravemente a miles de jubilados: el pago de sumas no remunerativas y no bonificables a los trabajadores en actividad. Esos pagos “en negro”, aunque se los quiera disfrazar de solución salarial, lesionan el sistema previsional, perjudican al trabajador activo y excluyen al jubilado, que queda marginado de toda mejora real. No solo debilitan la caja previsional al afectar los aportes, sino que además consolidan una profunda injusticia entre activos y pasivos.

No aceptamos que se pretenda responsabilizar a los jubilados por los desequilibrios del sistema cuando existen decisiones políticas, privilegios, errores de administración, falta de controles y manejos del Estado que deben ser revisados con seriedad. No es legítimo ni moral que los sectores más vulnerables sean nuevamente convertidos en la variable de ajuste.

Nos preocupa especialmente que se intente instalar la idea de que no hay alternativa, de que el recorte es inevitable o de que la única salida es sacrificar derechos. Esa mirada desconoce que el verdadero debate debe ser más amplio, más honesto y más democrático. Si se quiere discutir el sistema previsional, debe hacerse con información pública completa, con participación de los sectores involucrados, con estudios actuariales serios, con control ciudadano y con absoluto respeto por la Constitución y por los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales.

Los jubilados de Entre Ríos no podemos quedar a merced de reformas ambiguas, de interpretaciones futuras ni de decisiones coyunturales adoptadas sin consenso. Necesitamos una ley clara, protectora, estable y justa, que garantice haberes dignos, preserve la proporcionalidad con el salario del trabajador en actividad y respete integralmente los derechos previsionales ya consolidados.

Por eso reclamamos:

1. El pleno respeto a los derechos adquiridos de jubilados y pensionados de la provincia.

2. La defensa efectiva del carácter sustitutivo del haber jubilatorio y del principio del 82% móvil.

3. El rechazo a toda reforma que implique recortes, confiscación indirecta, aumento de aportes o pérdida del poder adquisitivo.

4. El cese de las sumas no remunerativas y no bonificables que perjudican a trabajadores activos, jubilados y al propio sistema previsional.

5. El reconocimiento de que los jubilados docentes pueden sufrir un perjuicio aún mayor dentro de esta reforma, y la exclusión de toda medida que profundice esa desigualdad.

6. La apertura de un debate serio, público y participativo, con acceso a la información real del sistema.

7. La revisión de los verdaderos factores que afectan la sustentabilidad de la Caja, sin descargar el costo sobre quienes ya cumplieron con el Estado.

8. El compromiso de los legisladores provinciales de no votar ninguna norma que signifique un retroceso en materia jubilatoria.

Llamamos también a la sociedad entrerriana a comprender que esta no es una lucha aislada ni sectorial. Cuando se debilita el sistema previsional, no solo se perjudica a los jubilados de hoy: también se pone en riesgo el futuro de los trabajadores activos, porque se rompe la confianza en que el esfuerzo, los aportes y la trayectoria laboral serán respetados mañana.

Defender a los jubilados es defender la dignidad del trabajo. Es defender la seguridad jurídica. Es defender el valor de la palabra del Estado. Es defender una provincia que no abandone a quienes construyeron con su esfuerzo la educación, la administración pública, la salud, la producción y la vida institucional de Entre Ríos.

Los Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos reafirmamos nuestra decisión de seguir organizados, informando, reclamando y defendiendo nuestros derechos en todos los planos necesarios: social, institucional, legislativo y judicial.

No pedimos privilegios.

Exigimos respeto.

No aceptamos ajustes sobre nuestros haberes.

No aceptamos pagos en negro que destruyen el salario y la jubilación.

No aceptamos reformas hechas de espaldas al pueblo.

Porque una provincia justa no se construye recortando derechos a sus jubilados.

JUBILADOS AUTOCONVOCADOS DE ENTRE RÍOS «

AGMER y FEDERACIÓN DE JUBILADOS DE ENTRE RIOS UNIFICAN CRITERIOS

En la búsqueda de ampliar los marcos de unidad para la defensa de la ley de jubilaciones y pensiones de la provincia, AGMER y la Federación de Jubilados de Entre Ríos se reunieron el miércoles 17 de marzo, en la sede de esa entidad.  Participaron del encuentro el Secretario General de AGMER Abel Antivero y el de Jubilados, Claudio Puntel; el presidente de la Federación de Jubilados Ercilio Aimone y la vocal de la Caja de Jubilaciones en representación de las y los jubilados, Claudia Vallori.

Frente al proyecto de reforma jubilatoria del Gobierno, que hace recaer el ajuste sobre los actuales y futuros jubilados, AGMER y la Federación acordaron ampliar y fortalecer la unidad de todos los sectores involucrados.

En ese sentido, se coincidió en defender el 82% móvil, la base de cálculo y la movilidad de los haberes jubilatorios, que son los pilares del sistema solidario vigente.

Se acordó además en la necesidad de luchar colectivamente y definir estrategias en común para frenar una reforma que impactará negativamente sobre el haber jubilatorio y significará pérdida de derechos para el conjunto de las y los trabajadores.

El Hospital cabecera del Departamento Colón hizo pública la exposición de las Obras Sociales que tienen deudas por prestaciones realizadas a sus afiliados en ese nosocomio.

La nómina es clara con los montos que cada Obra Social debe al Hospital, resintiendo la posibilidad de mejorar la prestación al resto de los pacientes, ambulatorios e internados.

Estas prestaciones incluyen consultas médicas, atenciones de guardia, estudios, prácticas e internaciones, que fueron brindadas por el equipo de salud del hospital y que actualmente se encuentran pendientes de pago por parte de las Obras Sociales.

Deuda actual por Obra Social
Obra Social Deuda
PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados $83.265.747
Obra Social del Personal de la Industria de la Carne (ISSPICA) $21.380.621,46
Obra Social de Petroleros (OSPE) $15.729.888
Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (OSUTGRA) $8.250.935,20
Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) $4.614.965
Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) $3.841.304
Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC) $3.630.200
Obra Social de Conductores Camioneros $2.780.562
Obra Social del Personal de Industrias de la Alimentación (OSPIA) $2.369.306
Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) $2.064.315
Servicios Sociales Bancarios (OSSSB) $1.619.831
Unión Obrera Metalúrgica (UOM) $1.483.963
Asociación Mutual Sancor $1.158.646
Obra Social del Personal de la Construcción (OSPECON) $1.147.141
Obra Social del Personal de la Industria Molinera $843.771,14
Obra Social del Personal de la Sanidad (OSPSA) $812.402
Obra Social de Estaciones de Servicio (OSPES) $667.162
Jerárquicos Bancarios $652.688
Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP) $438.338
Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) $132.980
Deuda Total Actualizada
$157.885.765,80
Valores de prestaciones sin actualización desde 2023

A esta situación se suma que los valores arancelarios reconocidos por muchas Obras Sociales no han sido actualizados desde el año 2023, generando un importante desfasaje entre los costos reales de funcionamiento del sistema de salud y los montos que se reconocen por cada atención.

Actualmente, algunos de los valores reconocidos son:

Consulta médica ambulatoria: $3.998

Atención de urgencias en guardia: $7.609

Día de internación en sala (hasta el 6° día inclusive): $18.217

Día de internación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI): $67.778

Estos montos se encuentran muy por debajo de los costos reales que implica sostener un sistema de salud, considerando recursos humanos, medicamentos, insumos médicos, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.

El Hospital San Benjamín continúa brindando atención a toda la comunidad, pero estas situaciones impactan directamente en la sostenibilidad del sistema público de salud.

Desde la institución se continúa trabajando en las gestiones administrativas correspondientes para regularizar estas deudas y actualizar los valores de las prestaciones.