En diálogo con A.P.F. el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Profesor Abel Antivero, expresó su “profunda preocupación” tras conocerse un borrador elaborado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que plantea modificaciones estructurales en el sistema educativo, incluida la posibilidad de educación en el hogar y planes de estudio propios por escuela.

Desde el gremio aseguran que la iniciativa implica un “retroceso grave” en materia de derechos y pone en riesgo el rol del Estado como garante de la educación pública. Al ser consultado sobre la propuesta, el referente gremial afirmó que, apenas tomó conocimiento del documento, el sindicato se declaró en estado de alerta. “Consideramos que va en contra del derecho a la educación, de la escuela pública y de las organizaciones sindicales. Derogar la Ley Nacional de Educación 26.206 sería generar daños sociales irreparables”, sostuvo.

Recordó que la normativa vigente fue fruto de amplios consensos sociales, entre ellos el aporte de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que su eliminación representaría un quiebre profundo en el sistema.

Educación en el hogar: riesgo de mayor desigualdad

Uno de los puntos más cuestionados por el gremio es la posibilidad de que las familias elijan entre la presencialidad o la educación en el hogar. Según Antivero, esto no solo desplaza a la escuela como institución central, sino que además reabre brechas de inequidad ya evidenciadas durante la pandemia.

“El vínculo educativo debe estar en la escuela. En la pandemia vimos que no todos tenían acceso a la virtualidad ni a los recursos tecnológicos. Volver a un esquema así, sin justificación y sin condiciones, sería una regresión”, afirmó. También advirtió que otorgar a las familias la potestad de definir la modalidad educativa “saca de eje al Estado como garante de derechos”.

Escuelas sin infraestructura para un modelo híbrido

Sobre la posible implementación de una modalidad híbrida, el dirigente remarcó que el sistema provincial no está preparado.  “El gobierno provincial anunció que todas las escuelas tendrían acceso a internet, pero eso aún no se concretó. La inversión necesaria es enorme y hoy ni siquiera están resueltas cuestiones básicas de infraestructura”, señaló.

El borrador también contempla que cada institución pueda elaborar sus propios planes de estudio. Para el gremio, esto pondría en riesgo la coherencia pedagógica.

“Los diseños curriculares existen para garantizar un orden. Cada escuela y cada docente ya puede ampliar contenidos, pero permitir que cada institución arme su propio plan generaría un desorden total. Sería un cambalache pedagógico”, expresó Antivero.

La relación con la provincia: poco diálogo y reclamo salarial

En el plano provincial, Antivero indicó que el único espacio de diálogo vigente con la gestión provincial es la Comisión de Nomenclador, que se reunió el mes pasado y debería hacerlo antes de fin de año. Sin embargo, advirtió que no existen otras instancias abiertas.“Nuestra iniciativa es que el gobierno nos convoque en diciembre para discutir salarios, garantizando el inicio del ciclo lectivo 2026 sin medidas de fuerza. Necesitamos una recomposición acorde a la pérdida salarial acumulada”, remarcó.

El dirigente confirmó que el ciclo lectivo 2026 está previsto para comenzar el 2 de marzo, según lo establecido recientemente por el Gobierno provincial. (APFDigital)

La Organización Mundial de la Salud pidió que esta problemática sea prioridad en las políticas de salud pública y advirtió que uno de los motivos de los suicidios está vinculado a las adicciones.

El 30 de octubre de 2018, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas adoptó una observación general relativa al derecho a la vida, cuyo punto 10 refiere específicamente al flagelo del suicidio. En ese sentido, el Comité considera que los Estados partes deben reconocer que las personas que planifican o intentan suicidarse pueden verse llevadas a ello debido a una crisis momentánea que puede afectar a su capacidad para tomar decisiones irreversibles, como poner fin a su vida. Por tanto, deben adoptar medidas adecuadas, sin incumplir otras obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene jerarquía internacional en Argentina, para prevenir los suicidios, especialmente entre las personas que se encuentran en situaciones particularmente vulnerables.

¿Qué actitud está tomando el Estado Argentina? En el año 2015 se logró un importante avance al sancionarse la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130 . La norma, entre otros puntos, establece la habilitación de una línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas, cuyos operadores deben estar debidamente capacitados en la atención en crisis y dotados de la información necesaria referida a una red de derivación y contención. A su vez, ordena que las obras sociales y prepagas, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos, brinden cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias. Ello comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento.

¿Qué nos dicen las estadísticas oficiales?

Las estadísticas oficiales muestran una suba de casos a nivel nacional. Teniendo en cuenta solamente la franja etaria conformada por niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 14 años, el incremento fue del 68% a nivel nacional, entre los años 2016 y 2017 (últimos datos oficiales disponibles en la Dirección de Estadística e Información de Salud de la Nación).

La mayor cantidad de muertes autoinfligidas se registra en jóvenes de entre 15 y 24 años: 870 casos a nivel nacional (año 2017), de los cuales 238 tuvieron lugar en la Provincia. Los suicidios, a su vez, representan la segunda causa de muerte de los jóvenes de hasta 24 años, luego de los accidentes de tránsito.

 La OMS, autoridad internacional en materia de salud, señala que el comportamiento suicida está determinado por un gran y complejo número de causas, entre ellas: los antecedentes familiares, el abuso de alcohol y de estupefacientes y determinados trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia, la pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones y problemas jurídicos o laborales.

Por esas razones, el suicidio debe enfrentarse como un tema prioritario de salud pública por parte de las autoridades gubernamentales, atendiendo y garantizando la protección de la salud a nivel poblacional, la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concientización, la educación y la investigación en la materia, garantizando con ello, el derecho humano a la salud.

Realizarán un conversatorio sobre prevención del suicidio:

Se desarrollará en Concepción del Uruguay el conversatorio “Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad”, actividad para el cual convocan el Programa Provincial de Prevención del Suicidio y la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad.                      

Este conservatorio se desarrollará en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”, el jueves 27 de noviembre de 2025 a la hora 10. Está destinado a referentes comunitarios y de instituciones, siendo abierto a la comunidad.

El Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer tiene como objetivo sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar la violencia que se ejerce sobre las mujeres alrededor del mundo.

Fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal ocurrido en 1960 en la República Dominicana.

La forma más común de violencia experimentada por las mujeres a nivel mundial es la violencia física infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna otra forma de abuso. Entre las formas cotidianas de violencia contra las mujeres —denuncia la ONU— se encuentran también, entre otros, el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de la dote, el «homicidio por honor» y la violencia sexual en los conflictos.