Cada vez que se reaviva la discusión sobre el rol del Estado en los festivales populares, aparece una pregunta que parece sencilla, pero no lo es: ¿Quiénes son, en definitiva, los dueños de los festivales? Para intentar responderla conviene volver al origen, a la historia, y especialmente a la razón por la cual estos eventos nacieron y lograron convertirse en fenómenos culturales masivos.

Córdoba ofrece tres ejemplos paradigmáticos: Cosquín, Jesús María y Villa María. Distintos en sus trayectorias, pero unidos por un punto en común: no surgieron como negocios, sino como respuestas comunitarias a problemas concretos.

Cosquín nació a comienzos de los años 60 cuando un grupo de vecinos decidió romper con la imagen de la ciudad asociada a la tuberculosis. El folclore, que comenzaba a consolidarse como expresión popular, fue la herramienta para cambiar el destino simbólico del lugar. 

En Jesús María y Colonia Caroya, el origen fue todavía más claro: cooperadoras escolares que necesitaban recaudar fondos para la educación pública. 

En Villa María, peñas folclóricas que soñaron con un festival nacional y lograron, con apoyo municipal y un crédito del Fondo Nacional de las Artes, construir un anfiteatro que hoy es orgullo de la ciudad.

Después vino el público. Y con el público, el crecimiento, la masividad, los cambios de época, de gustos y de administraciones. Hubo gestiones municipales, comisiones designadas por los intendentes y, en algunos momentos, privatizaciones. Cosquín y Villa María pasaron por manos empresariales con resultados dispares, pero con algo que nunca se perdió: la defensa del festival como patrimonio simbólico de la comunidad.

Jesús María es, quizá, el caso más singular. Allí, seis décadas después, el festival sigue en manos de una comisión integrada por cooperadoras escolares. No es un dato menor. El evento más importante del país en doma y folclore continúa teniendo como objetivo central la educación de los chicos de la zona. Muchos de quienes hoy lo organizan fueron alumnos de esas mismas escuelas. El Estado municipal y provincial colaboran, sí, pero no administran. Aportan infraestructura, obras, servicios. La autopista, las tribunas, la logística. El corazón del festival sigue siendo comunitario.

En este contexto, la discusión planteada sobre si el Estado debe o no financiar espectáculos públicos resulta, al menos, incompleta. El verdadero problema no es la presencia del Estado, sino la transparencia. En qué se gasta el dinero, cómo se gasta y quién se hace cargo cuando hay pérdidas. Esa es la pregunta incómoda que pocas veces se formula con seriedad.

La experiencia muestra que la intervención estatal sin controles claros puede derivar en excesos difíciles de justificar. Millones aportados, estructuras sobredimensionadas, delegaciones oficiales que poco tienen que ver con la cultura y mucho con el gasto discrecional. Pero también demuestra que el Estado puede cumplir un rol positivo cuando acompaña, sin apropiarse, procesos que nacen en la comunidad.

Decir que los festivales «no deberían existir» sin financiamiento público es desconocer su historia. Los verdaderos dueños de los festivales son los pueblos que los crearon y los sostienen. Después, la gestión puede adoptar distintas formas: cooperadoras, comisiones mixtas, empresas privadas o modelos híbridos. El Cosquín Rock, organizado por una empresa, es un ejemplo de éxito que convive sin problemas con el resto de las fiestas populares.

Tal vez la pregunta correcta no sea quién los financia, sino quién los controla y con qué reglas. Si los intendentes deben dedicarse a gobernar y dejar la organización en manos de actores de la comunidad. Si el Estado acompaña sin opacidad. Si el beneficio vuelve al lugar que lo genera.

Más allá de ideologías y debates coyunturales, los festivales siguen siendo lo que fueron desde el principio: una expresión colectiva. Y eso no se privatiza ni se decreta. Se cuida, se administra con responsabilidad y, sobre todo, con transparencia.

Nota de Sergio Suppo en Cadena3.com